El respeto a los derechos del trabajador debería ser absolutamente inalienable, pero se conculca con demasiada frecuencia, aunque no sólo dónde se denuncia. Como en todo, la lana se carda muy lejos de dónde se cría la fama. Los últimos decretos y leyes de los dos últimos gobiernos, condicionados por un grupo económico de presión que está extendiendo el sistema de castas a todo el mundo, llevan implícito un notable y notorio retroceso de esos derechos ganados a pulso durante años. Porque son impuestos por el poder real, capaz de dirigir el planeta desde la sombra -más nítida, menos sombra cada vez- e imponer su voluntad en forma de intereses económicos a los títeres colocados en los gobiernos.
Un mal (daño) general, es insuficiente para justificar el parcial. No del todo, porque lo engloba. En cambio, una protesta contra el parcial, sin combatir primero el general que lo provoca es, cuando menos, sospechosa. Porque lo peor es tener el enemigo dentro. Como “lo cortés no quita lo valiente”, el reconocimiento de los derechos no debe ocultar el conocimiento de la verdad y las verdades: desde que se negaran –la primera vez, hace ya cincuenta años-a trasladar a Madrid su sede central, Abengoa ha sido atacada con dureza en diversas ocasiones. Una de las últimas, con la supuesta corrupción de su ex-filial Telvent, que resultó imposible demostrar, pese a que la empresa sevillana ni remotamente llega al nivel de influencias de cierto banquero exculpado -que continúa en la cúspide después de la defenestración del juez responsable de su imputación- y, por eso mismo, es más digna de credibilidad.
No es la primera vez que las jornadas laborales se alargan, incluso sin la espada de la legislación pro-explotación, y sobre todo después de la Ley de despido libre, aprobada por un gobierno auto-denominado “socialista” y refrendada y aumentada por el actual y reconocido autoritario. Aparte la facilidad dada a las empresas, aceptar la prolongación de la jornada depende de varios factores, entre ellos la necesidad de llevar adelante un proyecto y la implicación en él de cada cual. Lo que más extrañeza produce es la pertinacia contra la única multinacional andaluza y el silencio sindical en otros muchos casos, dónde directamente se ha amenazado a los trabajadores con la expulsión, si no aceptan la jornada impuesta, o el caso más grave aún, de cierta empresa hostelera con nombre religioso y clara “compenetración” con el partido dominante en Andalucía, que ha obligado a sus empleados a aceptar una detracción del 10% de su sueldo, para pagar inversiones propias. No se les hace partícipes de los beneficios, pero se compran y amplían hoteles con su dinero, sin que ningún sindicato levante la voz. Esa diferencia de trato es lo que resulta chocante. Cuando menos.
En un momento como el actual, cuando se ha perdido el 30% de la industria en Sevilla, es digno de apoyo que haya quien sigue funcionando y se queda aquí y aquí mantiene varios miles de empleos y aquí abona impuestos y genera plusvalías.
TEXTO: Rafael Sanmartín
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