DECRETAZO

Por debajo de 11.500 euros (47% de la población) no hay rebaja en el IRPF. Por encima de 150.000 euros (0’3%), sustanciosa bajada. Para que los ricos puedan ser un poco más ricos, la Hacienda Pública tiene que compensar cobrando más a quienes menos tienen. Proeza del ejecutivo, capaz de utilizar un sistema aparentemente democrático, para gobernar dictatorialmente. Según datos de Intermón Oxfam, en 2011 el 60% del beneficio empresarial total fue para los escasos grandes grupos empresariales. Pero estos sólo aportaron conjuntamente el 24% del impuesto de sociedades. Más: las diez mayores empresas del Ibex35, abonan sólo un 18%. Los bancos un escaso 5%. Los grandes patrimonios, con sus fortunas en SICAVs, el 1%. Una familia con dos hijos e ingreso medio de 16.500 euros, paga de promedio el 15’6%. Esto es, le quedan para vivir poco más de 13.000 euros. Pero si no tiene hijos e ingresa 41.300, abona el 28%. Así que le queda bastante más del doble: 29.700.

 “Artesanía” del reparto de obligaciones fiscales.Artesanía similar, entre tanto, a la forma de gobernar impuesta al margen del Parlamento y, con ello, de la supuesta voluntad del pueblo, cuya soberanía es suplantada por el recurso al Decreto con que modificar leyes. Buena forma de mandar sin tener en cuenta la representación popular (que no es sólo la del partido, aunque coincida la palabra). La Constitución, ya pisoteada con excesiva asiduidad, no sólo queda obsoleta; el Gobierno, al hacerse un sayo de nuestra capa, la está anulando hasta el punto de dictar sin ella y en mucho contra ella. La Constitución y la Democracia, ya ni simuladas, pese a lo cual los políticos responsables continúan hablando como si existieran, aunque, como para confirmar su inexistencia, el Presidente del Parlamento manda callar a Izquierda Plural por reclamar el rescate de la democracia.

El Decreto, limitado en puridad a situaciones extraordinarias y urgentes, ha hecho ordinario lo extra y clama la urgencia de una dimisión masiva del Gobierno y el Parlamento. Y, sin embargo, desgracia para la pluralidad informativa, la noticia no es el decreto en sí. No es el hecho de que al Gobierno le haya dado tanta urgencia de golpe, a los veintiocho meses de ocupar el poder; o que se salte a la torera los derechos de la mayoría y gobierne sin ni siquiera someter las leyes a discusión y aprobación que, por cierto, tienen ganada, por lo que debe intuirse que solamente huyen del desgaste provocado por la publicidad durante el proceso. La noticia solamente es que “toda la oposición se oponga al decretazo”. Es como huir de dar datos. No se pide una intervención activa de los medios en la discusión política, pero nadie –incluidas las grandes empresas de comunicación- debe sentir miedo a opinar, y menos aún oposición a manifestar acuerdo o desacuerdo con los desaguisados del gobierno. La neutralidad no puede anular al derecho, pues la defensa del derecho beneficia a la democracia, como se vio durante la llamada “transición democrática”. No se trata de apoyar una opción política; sí de respetar la posibilidad de comentar el hecho que provoca la oposición, junto a, o incluso antes que, lo noticiable de esa generalización.

TEXTO: Rafael Sanmartín